Defensa y representación en derecho profesional

Los abogados de nuestro bufete, centrado en el derecho penal, defienden a los afectados por las profesiones liberales, como.

• Abogados y notarios
• Auditores
• Asesores fiscales
• Médicos
• Farmacéuticos
• Arquitectos e ingenieros, etc

no sólo en la preparación de un proceso penal (amenazado) o ya iniciado, sino -por muy buenas razones- incluso antes y también en el derecho profesional.

Por nuestra larga experiencia como abogados penalistas, sabemos de primera mano que el derecho profesional debe incluirse en las consideraciones estratégicas de cada caso, especialmente en la defensa provisional y en el asesoramiento integral previo al juicio, en el marco de una defensa provisional.

La razón es sencilla: si un miembro de las profesiones liberales es acusado de un delito penal (o se le amenaza con una acusación de este tipo), el profesional puede - además de los procedimientos penales - sufrir desventajas bastante considerables de procesos profesionales adicionales. En el peor de los casos, pueden ser existencialmente destructivos, como la retirada de la licencia para ejercer la abogacía, la admisión en el colegio de abogados, etc. Nuestros abogados han asesorado y representado con éxito a numerosos profesionales y miembros de las profesiones liberales en la preparación o en el transcurso de dichos procedimientos penales y en los procedimientos profesionales. Sabemos lo que es importante.

Lo siguiente es importante para la comprensión básica:

Los miembros de las profesiones liberales, en particular los abogados, los notarios, los asesores fiscales y los auditores, pero también los médicos y dentistas, los arquitectos y los farmacéuticos, están sujetos a las normas especiales de su propio derecho profesional. Además del acceso a la profesión, el derecho profesional regula en particular el ejercicio de las respectivas profesiones liberales.

Las normas del derecho profesional se encuentran, por ejemplo, en

• la Ley Federal de Abogados (BRAO),
• el Código Federal del Notariado (BNotO),
• la Ley de Asesoría Fiscal (StBerG),
• el Código de Contabilidad Pública alemán (WPO), así como
• el código profesional (modelo) del Colegio de Médicos de Alemania en el diseño respectivo por los colegios de médicos de los estados federados.

El derecho profesional se encuentra en la interfaz entre la autogestión de las cámaras (profesionales) y el control estatal de las profesiones liberales.

Las infracciones leves del derecho profesional son tratadas por los propios órganos de las cámaras y, en su caso, sancionadas. En los casos más graves, las violaciones del derecho profesional se deciden ante los tribunales ordinarios. Se encargan de ello grupos especiales de jueces, algunos de los cuales están formados por miembros de la profesión. Existe una particularidad con respecto a la abogacía: en este caso, existen tribunales de abogados separados en los respectivos despachos ante los que se toman decisiones en audiencias no públicas, en la medida en que no se solicite que se hagan públicas (artículo 135 (1) BRAO).

El catálogo de medidas en caso de infracción de los códigos de conducta profesional va, de forma algo modificada, desde (amonestaciones) advertencias o reprimendas hasta multas y la exclusión de la respectiva profesión como ultima ratio.

Las normas de procedimiento se establecen en parte en la propia ley profesional y en parte se regulan mediante referencias a la Ley de Constitución Judicial y al Código de Procedimiento Penal (véase, por ejemplo, el artículo 116 BRAO). Así, en el derecho profesional, también existe regularmente la posibilidad de poner fin a un procedimiento contra un depósito en efectivo de conformidad con el artículo 153a StPO (Código de Procedimiento Penal).

En la medida en que se tramita un procedimiento penal en el mismo asunto, es frecuente que se suspenda inicialmente el procedimiento profesional. Sin embargo, es imprescindible estar atento a las consecuencias del derecho profesional ya durante el proceso penal.

Por lo general, los procedimientos profesionales representan una carga considerable para el interesado, tanto en términos personales como económicos. A menudo, los procedimientos ponen en peligro la existencia profesional y, por tanto, también la económica del interesado. Además de las consecuencias que se derivan del derecho profesional, los clientes o pacientes también pueden reclamar daños y perjuicios.

Por lo tanto, en caso de problemas de derecho profesional, se debe buscar asesoramiento jurídico en una fase temprana, incluso si el proceso penal no es (todavía) inminente. Estaremos encantados de estar a su disposición como personas de contacto competentes para lograr un resultado rápido y positivo del procedimiento.