Derecho Penal de estupefacientes alemán
Una compleja área del derecho con altas conminaciones penales
La ley de estupefacientes alemana regula el manejo de diversas drogas y sustancias. La ley contiene delitos penales por la manipulación no autorizada de estupefacientes, algunos de los cuales conllevan penas extremadamente altas con una sentencia mínima de cinco años.
La terminología de los hechos es compleja y una defensa adecuada requiere un conocimiento preciso del derecho sustantivo. Los abogados de H2W Strafrecht tienen muchos años de experiencia en procedimientos de estupefacientes y un excelente conocimiento legal para lograr el mejor resultado posible para usted.
Jurisprudencia complicada - la defensa necesita experiencia
Para obtener un resultado óptimo, es indispensable tener experiencia en litigios de estupefacientes y una evaluación exacta de la compleja jurisdicción. Más que en cualquier otro campo del derecho penal, el resultado de los procedimientos depende de la elección de la estrategia correcta desde el principio.
Un error popular: El consumo personal no protege contra una pena
Hay varias leyendas en torno a la Ley de estupefacientes alemana, la más popular de las cuales es que la posesión para consumo personal siempre queda impune. Sin embargo, la regulación del uso propio solo se aplica a las drogas blandas como el cannabis y solo a las estrictas condiciones del art. 31a de la Ley de estupefacientes alemana, por lo que la posesión no está técnicamente exenta de castigo, sino que simplemente no se persigue.
Estas normas se interpretan de manera diferente de un estado federado a otro y siempre requieren la consideración del caso individual.
Efectos secundarios drásticos: La recuperación de activos según el principio bruto
Además de la amenaza de prisión, los condenados en virtud de la ley de estupefacientes suelen estar sujetos a elevadas exigencias de confiscación por parte de la judicatura, lo que puede arruinar su existencia económica durante años.
Se aplica el llamado principio bruto, lo que significa que los gastos incurridos en la comisión del delito no se contabilizan. Concretamente, esto significa que se confisca tanto el valor de los estupefacientes como el producto de su venta, aunque en la mayoría de los casos el producto se ha utilizado para adquirir nuevos bienes y ya no forma parte del patrimonio del condenado.
Ya durante el juicio, pero también después de la condena, nos mantenemos atentos a la recuperación de activos para evitar o posteriormente mitigar las demandas de confiscación mediante la estrategia adecuada.