Defensa en la ley de infracciones administrativas

Los medios de comunicación informan con frecuencia de las multas impuestas a las empresas que ascienden a millones (a menudo de tres dígitos). Sólo como ejemplo, nos gustaría mencionar la cobertura de la prensa de las multas multimillonarias impuestas a las grandes empresas alemanas. Sin embargo, las noticias de la prensa no suelen mostrar que no sólo las grandes empresas, sino -como sabemos por nuestra propia práctica jurídica- también las pequeñas y medianas empresas, es decir, las empresas medianas pueden ser multadas con cantidades considerables, a veces incluso destruyendo su existencia.

Debido a la especial situación de riesgo, sobre todo para las empresas, es aconsejable que se encargue la defensa contra las acusaciones formuladas a abogados expertos y litigantes especializados en derecho penal. Se recomiendan abogados especializados en derecho penal, especialmente en delitos de cuello blanco, porque las disposiciones de la ley de multas de varias leyes especiales y de la Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) son muy similares a los delitos penales. Lo mismo ocurre con la práctica de enjuiciamiento de las autoridades competentes, de modo que los procedimientos de multa correspondientes se llevan a cabo a menudo como un procedimiento penal.

Muchas leyes - muchos reglamentos finos

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En contra de lo que se suele suponer, existen disposiciones sobre multas no sólo en la Ley de Infracciones Administrativas (OWiG), sino en una serie de leyes especiales y de materias que apenas pueden ser objeto de estudio. Los ámbitos del derecho medioambiental, el derecho laboral, incluida la legislación laboral especial, la lucha contra los trabajadores no declarados, el derecho de la competencia, la retención y la apropiación indebida de las cotizaciones a la seguridad social, la Ley del Salario Mínimo (MiLoG), el desplazamiento de empleados, el arrendamiento de empleados, la promoción del empleo, etc., son sólo algunos ejemplos.

Riesgos adicionales: Posible exclusión de contratos públicos, inscripciones en registros, etc.

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Es de sobra conocido que las empresas afectadas y los acusados no sólo se ven amenazados con elevadas multas, sino también, por ejemplo, con la inscripción en varios registros de carácter señorial. En particular, hay multas o sanciones que pueden llevar a una inscripción en el llamado "Registro de Corrupción" o en el "Registro de Competencia" que lleva la Oficina Federal de Cárteles, lo que a veces puede tener consecuencias que destruyan la existencia de una empresa (en particular, la exclusión de los contratos públicos, pero también problemas generales con el sector público como cliente). A veces también se cuestiona la fiabilidad según el registro mercantil central, que es la base para ejercer una actividad comercial (véase más adelante).

Multa a las empresas afectadas (§ 30 OWiG)

Se puede imponer una multa según el artículo 30 de la OWiG a una empresa si los órganos, representantes o ejecutivos responsables de la gestión (por ejemplo, el consejo de administración, la dirección, los firmantes autorizados, los directores de división, etc.) han cometido un delito o una falta desde la empresa. La multa puede ascender a 10 millones de euros.